Se revisan los inmuebles en los que se desarrollan las actividades de la Administración Pública (dependencias,
organismos descentralizados, coordinaciones regionales y presidencias municipales,), a fin de verificar que al
interior y exterior de los mismos no exista propaganda partidista, y que no sea utilizado como punto de reunión
ciudadana con fines políticos o electorales (quedando excluidos de este proceso los siguientes inmuebles:
hospitales, seguridad pública, protección civil, bomberos)